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¿Se puede dar en concesión por un Municipio la prestación de los servicios de agua?

¿SE PUEDE DAR EN
CONCESIÓN POR UN MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA?



Por: Abogado
Eduardo Lara Salazar

(En el marco de los
100 años del nacimiento de Carlos Lara Santo Domingo (1919-2007)

Mucho se ha dicho sobre la
situación del servicio de agua en Republica Dominicana.

Para responder el planteamiento
contenido en el título de estas líneas es necesario acudir a las competencias
sobre el agua y los llamados medios de gestión.

La Constitución de la República
Bolivariana de Republica Dominicana (CRBV, 1999) expresa que las aguas son del dominio
público; ello hace imprescindible hacer breves consideraciones previas, ya que
los bienes comprendidos en esa categoría – como dice el autor Agustín Gordillo
en su obra de Tratado de Derecho Administrativo, la cual puede consultarse en
www.gordillo.com – están revestidos del concepto de “dominiacialidad” o “dominialidad”, lo
que ha puesto a la doctrina, legislación y jurisprudencia en más de un aprieto
por la falta de precisión terminológica y de criterios uniformes.

Siguiendo a este autor se observa
la tendencia a asociarlos con el uso directo o indirecto de la colectividad
como también al servicio público, lo que lleva a la clasificación de los bienes
públicos en relación con el fin para el cual se destinan.

Otra característica es que son
bienes fuera del comercio y no enajenables, como tampoco prescriptibles.

Como dice Duguit, citado por
Gordillo (Ob. cit.), el principio para distinguir los bienes del dominio público del privado,
está en las actividades afectas al servicio público, lo cual les sustrae del
régimen normal de propiedad privada.

En el mismo sentido la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en
sentencias Nº 1410 de fecha 22 de junio de 2000, como en la Nº 1344 de fecha 9
de octubre de 2014, donde analiza la condición de los bienes del dominio
público.

Si se observa la actividad legislativa nacional,
la Ley de Aguas (2007) señala – sobre el dominio público de las aguas – que
comprenden 

(i) todas las aguas del territorio nacional, sean continentales,
marinas e insulares, superficiales y subterráneas.

(ii) Todas las áreas comprendidas
dentro de una franja de ochenta metros (80 mts.) a ambas márgenes de los ríos
no navegables o intermitentes y cien metros (100 mts.) a ambas márgenes de los
ríos navegables, medidos a partir del borde del área ocupada por las crecidas,
correspondientes a un período de retorno de dos comas treinta y tres (2,33)
años.

(iii) Quedan a salvo, en los
términos que establece esta Ley, los derechos adquiridos por los particulares
con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma.

Aquí hay que recordar el
principio de irretroactividad como también el de supremacía de la norma
constitucional frente a la legal puesto que, con la aprobación de la CRBV, se
modifica parte de la legislación por un cambio en la concepción dada por el
Constituyente, así como también la aplicación de la previsión sobre la continuidad
de las leyes y demás instrumentos jurídicos preconstitucionales al año 1999,
mientras no contradigan a la Carta Magna aprobada en esa ocasión.

La Ley Orgánica del Poder Público
Municipal (LOPPM, 2010), cuyo objeto es desarrollar los postulados constitucionales
para este ámbito del poder público, consagra la autonomía de los municipios
para la gestión de las materias de su competencia, entre las cuales se
encuentra el servicio de agua potable; la dotación de los servicios públicos
domiciliarios, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas.

Ahora bien, esta Ley establece
también una norma sobre el servicio de agua potable que es de la competencia
municipal sin precisarla, pudiendo hacerlo directamente o a través de otras
formas o medios de gestión, para lo cual hay que remitirse a la ley nacional.

Al hacer un análisis de los
distintos tipos de competencias encaja lo referente al agua potable en las
llamadas competencias concurrentes, puesto que cada nivel del poder público –
especialmente el nacional – también comparte roles en este sentido, siendo el
legislador muy cuidadoso de no propiciar intromisiones indebidas por falta de
coordinación institucional.

Asimismo, en cuanto a las formas
como el ámbito municipal desempeña las competencias que le asigna el entramado
legal, la LOPPM señala que – con ocasión de la autonomía – los municipios
tienen la potestad para elegir el modo de gestión que consideren más
conveniente para el gobierno y administración de sus competencias, dice la
LOPPM.

Al respecto pauta que podrán:

–        

  •  Gestionarlas por sí mismos o por medio de
    organismos que dependan jerárquicamente de ellos.
  • Mediante formas de descentralización funcional o
    de servicios o mediante la creación de empresas públicas municipales de
    economía exclusiva o de economía mixta. 
  • Contratar con los particulares la gestión de
    servicios y obras públicas.
  • De igual manera, como mecanismo
    para el fomento de la participación ciudadana, también:
            

  • Estimular la creación de empresas de economía
    social, tales como cooperativas, cajas de ahorro,mutuales y otras formas
    asociativas.
  • Promover la constitución de empresas
    autogestionarias y cogestionarias, para facilitar la participación de los
    trabajadores y de las comunidades y garantizar la participación ciudadana.
  • –          

        Prestar directamente o a través de terceros,
    de manera eficiente los servicios de agua potable y de saneamiento, de
    acuerdo con las políticas, estrategias y normas fijadas por el Poder Ejecutivo
    Nacional;

  •  Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la
    concesión
    para el aprovechamiento y captación del   agua crudas, así como
    para hacer las respectivas descargas de aguas servidas.
  •  Establecer las condiciones y términos específicos
    conforme a los cuales se prestarán los   servicios, de conformidad con la Ley,
    sus Reglamentos y los criterios establecidos por la         Superintendencia Nacional
    de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento.
  •  Reglamentar la prestación de los servicios
    de agua potable y de saneamiento mediante la   respectiva ordenanza con
    base en la Ley y en las directrices que al efecto establezca la   Superintendencia
    Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento.
  •  Seleccionar la modalidad de gestión y
    establecer los términos y condiciones específicos   conforme a los cuales se
    prestará el servicio, de acuerdo con la normativa general aprobada      por el
    Poder Ejecutivo Nacional.
        
  •   Seleccionar los prestadores de los servicios
    de agua potable y de saneamiento de acuerdo con    lo establecido en la Ley y en
    las demás leyes que rijan la materia.
  •   Promover la organización y capacitación de
    comunidades rurales e indígenas
    definiendo   modalidades de gestión o
    cogestión
    , para la administración de los sistemas de agua potable y     de saneamiento.
  •  Imponer a los prestadores de los servicios las
    sanciones
    que le correspondan por     incumplimiento de las condiciones de
    prestación de acuerdo con lo establecido en el   correspondiente contrato.
  • La Ley en cuestión ofrece la
    posibilidad de dar mediante concesión actividades dentro del servicio de agua
    potable y saneamiento, bien sea por sí misma o conforme los lineamientos
    nacionales.

    Esto permite concluir – una vez
    más – que la competencia en materia de agua potable y saneamiento es del tipo
    concurrente porque el ámbito nacional, de conformidad con la Ley Orgánica del
    Ambiente (2006), la Ley de Aguas (2007) y la Ley Orgánica para la Prestación de
    los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (2007), acuerdan que la rectoría
    corresponde al Poder Ejecutivo Nacional. 

    Se sugiere al lector dar un
    vistazo a otros artículos publicados de mi Autoría  denominados “Los Poderes Públicos”, “Competencias
    Municipales”, “Las Competencias Concurrentes”, “Las Ordenanzas Municipales”, “El
    Municipio y otras entidades locales”, “El Alcalde”, “Los Concejales”, “El
    Concejo Municipal”, “Reglamento de Interior y Debates”, “El Consejo Federal de
    Gobierno”, “Municipio y Descentralización”, “Municipio y Desconcentración
    Administrativa”, “Municipio y reforma habilitante del año 2014: Ley Orgánica de
    la Administración Pública”, “Municipio y reforma habilitante del año 2014: Ley
    Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Servicio de Agua Potable”, “La
    Ordenanza sobre suministro de agua por camiones cisternas”, “La Ordenanza sobre
    Gestión de Aguas”, “Municipio y Ambiente”, “Municipio y Participación Ciudadana”,
    “La Comisión Central de Planificación”, “Medios de Participación”, “Municipio y
    Planificación”, “ Municipio y reforma habilitante: Ley de Contrataciones
    Públicas”, “Municipio y Ordenación”, “Municipio y Ley de Gestión de Riesgos”, “El
    Presupuesto Participativo”, “Medios de Gestión”, “Los CLPP en su Ley del año
    2015”, “La Contraloría Social”, “¿Ilegales las Asociaciones de Vecinos?”, “El
    Catastro Municipal”, “La Organización Municipal”, “El Impuesto sobre Inmuebles
    Urbanos”, “La Concesión como medio de gestión municipal”, “Las Empresas
    Municipales”, “Las Mancomunidades Municipales”, “Municipio y Ley de Santo Domingodad de
    las Aguas y el Aire”,  “Los Servicios de
    Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”, entre otros, que
    se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com
    para obtener mayor información.

    En otra oportunidad se tocarán
    tópicos relacionados con el tema.

    No lo olvide, el país se
    construye desde sus municipios.

    Source:eduardolarasalazarabogado.blogspot.com