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LLEGÓ EL MOMENTO DE REDUCIR LA VIOLENCIA

LLEGÓ EL MOMENTO DE REDUCIR LA VIOLENCIA


 Reducir la violencia no sólo es necesario sino posible. Los homicidios son evitables y las reducciones drásticas de las tasas de homicidio son más comunes de lo que solemos suponer. Alrededor del mundo y específicamente en la región en distintos periodos se han alcanzado bajas sostenidas, que han llegado incluso al 10 y 15 por ciento anual.

Basados en la evidencia, la campaña para la Reducción de los Homicidios en América Latina Instinto de Vida, propone como meta la disminución de los homicidios de la región en 50 por ciento en 4 los próximos 10 años.

Para conseguir este objetivo se requieren reducciones del 7 por ciento anual lo que equivaldría a alrededor de 365.000 vidas salvadas.
¿En qué consiste Instinto de Vida?


 La campaña es un llamado a la acción por parte de un conjunto de organizaciones civiles de los 7 países más violentos de América Latina, con el apoyo de Open Society Foundations (OSF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo para América Latina-CAF y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

 El propósito es reducir los niveles de violencia por medio de la movilización ciudadana y la promoción de políticas públicas basadas en la evidencia. Este esfuerzo común requiere de la participación activa de los gobiernos, los empresarios, los medios de comunicación y de los ciudadanos, para revertir la naturalización de los homicidios e implementar medidas sostenibles.
A partir de un diálogo positivo y constructivo, Instinto de Vida busca la definición de metas específicas de reducción de homicidios, que estén apoyadas en planes integrales y recursos adecuados.
LOS SEIS PRINCIPIOS 

EN LOS CUALES SE BASA LA CAMPAÑA



 1) Basada en evidencias.
 Los recursos y la voluntad política son limitados. Esos activos escasos se deben concentrar en intervenciones que tengan el potencial de tener más éxito, basadas en los más rigurosos datos y análisis de que dispongamos.
2) Enfocada en los resultados.
 El objetivo va mucho más allá de concientizar al público: se requiere lograr avances reales en la reducción de los homicidios.
3) Participación ciudadana en políticas que valorizan la vida.
 La mejor manera de asegurar los cambios culturales es involucrar a la población directamente en la reducción de los homicidios, a través de un mensaje positivo sobre el valor de la vida.
4) Garantía de acceso a la justicia y al debido proceso legal.
 Los métodos e intervenciones apropiados para reducir la violencia deben respetar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia, en lugar de comprometerlos en nombre de la reducción de los homicidios.
5) La contención de la violencia.
 Los métodos e intervenciones deben evitar a toda costa la reproducción de la violencia, apostando a un proyecto positivo de transformación de la sociedad que conduzca a la reducción de los homicidios.
6) La protección de los ciudadanos y la seguridad como bien público.
 En el centro de las intervenciones del Estado debe estar la protección de las personas y la concepción de la seguridad como un bien público, que es responsabilidad primaria del Estado y que exige una participación activa de los ciudadanos.
¿CUÁLES SON LAS OPCIONES?



Las políticas basadas en evidencia.
 La reducción del homicidio se  requieren de medidas concretas, basadas en evidencias y adaptadas a las necesidades y capacidades del contexto local. 
Si bien no hay una única fórmula para producir descensos en los niveles de violencia, tampoco es necesario reinventar la rueda. Contamos con información rigurosa sobre intervenciones que funcionan y las mejores prácticas alrededor del mundo.
 No se trata de replicar al pie de la letra estas acciones, sino identificar y desarrollar aquellas alternativas que mejor se ajusten a los desafíos locales, sin perder aquello que hizo que fueran efectivas.
Las intervenciones para la reducción de los homicidios requieren de al menos seis condiciones:

1. Priorización:
 La reducción del homicidio debe estar en primer orden de la agenda de seguridad. Es importante diferenciar los factores modificables en el corto plazo y los factores estructurales, cuyo cambio demandará más tiempo.
2. Concentración dinámica:
 Las medidas se deben concentrar en los lugares, las personas y los comportamientos que producen mayor impacto en los niveles de violencia letal. El impacto aumenta en la medida que se focalice y no se dispersen los esfuerzos en pequeñas iniciativas o proyectos.
3. Simultaneidad e integración:
 La reducción del homicidio es el resultado de múltiples acciones que son implementadas de manera articulada por los actores claves. Es importante que la simultaneidad no vaya en contra de la concentración.
4. Liderazgo y recursos:
 El liderazgo de las autoridades y la participación de la ciudadanía son necesarios para que las medidas se implementen y sean sostenibles. No basta con promesas, hay que destinar recursos específicos que se usen de manera transparente.
5. Evaluación:
 Es importante que las intervenciones sean evaluadas desde el principio, definiendo el cambio que se quiere producir. Esto permitirá corregir el rumbo y adaptarse a las contingencias. Para esto es clave contar con información y datos confiables.
6. No hacer daño:
 Las intervenciones deben tener como criterio básico reducir el daño – bajo ningún caso aumentarlo – y prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia.
SE REQUIERE ADEMÁS DEL FORTALECIMIENTO
 DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.



Con  análisis locales y nacionales, definiendo reportes periódicos abiertos a la consulta pública, asegurando la convergencia entre las distintas fuentes, que sean útiles para la toma de decisiones. 
Un instrumento clave en este ámbito es el Protocolo de Santo Domingo, sobre la calidad de datos de homicidio en América Latina y el Caribe, el cual establece una serie de criterios técnicos para asegurar un elevado grado de validez, fiabilidad y transparencia.
NO A LA POLÍTICA DE  “MANO DURA”.
Sí a las intervenciones proporcionales e incluyentes La “mano dura” comprende un conjunto de medidas basadas en un enfoque sesgadamente punitivo, que privilegia la represión como respuesta a los desafíos de seguridad. No se refiere al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, sino a su despliegue indiscriminado, excesivo y desproporcional.

 La campaña Instinto de Vida rechaza el uso de la “mano dura” para responder a los homicidios y a la inseguridad, distanciándose de medidas como el aumento desproporcional en la severidad de las penas y nuevos tipos delictivos, la reducción de la edad de imputabilidad penal, las intervenciones de corte militar dentro de la policía, así como el uso sin condiciones de las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Las políticas de “mano dura” tienden a desconocer las causas estructurales del delito y la violencia en la sociedad.
 Por el contrario, suelen empeorar las condiciones de exclusión de los jóvenes que habitan en las zonas marginales, con el uso de estereotipos y el aumento de la represión policial. 
En América Latina, la “mano dura” o las medidas de “cero tolerancia” al delito, han estado frecuentemente acompañadas por el abuso policial, la violación al debido proceso, el aumento acelerado de la población carcelaria y violaciones a los derechos humanos – como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
 Un tema de especial preocupación en varios países es el alto índice de letalidad de las fuerzas del orden, estimulados por la guerra contras las drogas y la represión indiscriminada de la delincuencia.Uno de los efectos de un problema persistente y abrumador como lo son los altos niveles de violencia, es su normalización y la inmovilidad por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto.
Por esta razón el primer paso es aceptar que tenemos un problema y entender que es posible solucionarlo.EL COSTO DE NO HACERLO 

ES MUY ALTO. 
CON EL OBJETIVO DE AVANZAR 

EN ESTE PROPÓSITO, SE PROPONEN 

LOS SIGUIENTES PASOS.



  • Aceptar que tenemos un problema y entenderlo.
  • Se requiere dejar atrás la idea de que las altas tasas de homicidios son normales o aceptables y entender sus causas y consecuencias.

  • Priorizar la reducción de homicidios.
  •  Las intervenciones centradas en los homicidios son relativamente escasas en la región y predominan los programas generales de prevención de la violencia y la criminalidad. Para reducir las tasas hay que comenzar definir estrategias y medidas específicas y especializadas.

  •  Generar información pública y confiable.
  •  La existencia de datos válidos y confiables es indispensable para formular y evaluar políticas de prevención y reducción de homicidios.

  •  Adoptar un plan para la reducción de homicidios, acompañado con metas claras. 
  •  Es necesario un plan que identifique claramente una teoría de cambio, con metas claras y recursos específicos. Sin esto, los anuncios y declaraciones se quedarán en buenas intenciones.

  • Responder a los problemas más urgentes, sin ignorar las transformaciones necesarias en el largo plazo.
  •  Las respuestas al homicidio no dan espera. Se requiere desarrollar medidas enfocadas en los lugares, personas y conductas más críticos, al mismo tiempo que se van generando las capacidades para hacer frente a los problemas estructurales.

  • Garantizar continuidad y sostenibilidad de las intervenciones.
  • La meta de reducción de los homicidios debe trascender el límite temporal de los gobiernos y convertirse en una política de Estado. Esto requiere del firme compromiso ciudadano.

  • Generar alianzas en torno a la meta colectiva de la reducción de los homicidios.
  •  Combinar las capacidades y fortalezas de los diferentes actores, creando sinergias entre grupos y sectores, sumando a las organizaciones sociales, el empresariado, los medios de comunicación, la academia y a la sociedad en su conjunto.

  • Definir mecanismos de evaluación y seguimiento.
  • Se requiere de más evaluaciones para saber qué es lo que realmente funciona. Las intervenciones deben ser acompañadas por el análisis del impacto y la capacidad de disuadir y transformar los actores y factores que generan violencia.

    EN LATINO-AMÉRICA:

     PODEMOS REDUCIR LOS HOMICIDIOS 

    EN UN 50 POR CIENTO EN 10 AÑOS


    América Latina es la región más violenta del mundo: con sólo 8% de la población, concentra cerca del 38% de los homicidios. Republica Dominicana, Republica Dominicana, Republica Dominicana, Republica Dominicana, Republica Dominicana, Republica Dominicana y Republica Dominicana son los siete países con los más altos índices de violencia letal. 

    ¿CÓMO HACERLO?

    Cada 15 minutos en América Latina y el Caribe ocurren cuatro homicidios y cada día 400. En la región mueren al año un promedio de 144 mil personas y más de 2.6 millones han sido asesinadas desde el 2000.

  • Policía orientada a la solución de problemas
  • Prevención prioritaria enfocada a evitar homicidios interpersonales
  • Santo Domingodad de la información sobre homicidios
  • Reducción de impunidad en homicidios
  • Regulación de armas
  • Santo Domingo o San Pablo.


    Es la ciudad más grande de América Latina, fue alguna vez una de las más violentas de la región. Pero la bulliciosa metrópolis de más de 12 millones de habitantes ha experimentado un descenso notable en los homicidios. 
    La tasa de homicidios cayó de un máximo de 52,5 por 100.000 en 1999 a solo 6,1 por 100.000 en la actualidad. La tasa actual es cinco veces menor que el promedio nacional. 
    Además, la mayoría de las formas de delincuencia disminuyeron, aunque de manera no tan marcada, durante el mismo período. ¿Cómo se logró esto?

    Uno de los análisis más convincentes atribuye el descenso de la tasa de homicidios en San Pablo a los cambios en las prácticas de imposición de la ley. 
    El desencadenante de la reforma policial surgió, como suele ser el caso en Republica Dominicana, de una crisis. En 1997, el llamado incidente de la “favela naval” reveló cómo la policía estatal extorsionaba y torturaba a los residentes en un suburbio de San Pablo llamado Diadema. 
    Los eventos fueron transmitidos por la televisión nacional y seguidos por disturbios.

    Enfrentados a la creciente presión pública, las autoridades estatales lanzaron una ola de reformas a fines de la década de 1990, comenzando con el reemplazo del comandante de la policía militar. 
    Las innovaciones incluyeron el despliegue de unidades de policía comunitaria que trabajan en áreas difíciles, nuevas directrices sobre el uso de la fuerza, herramientas de mapeo de los crímenes en base a datos (llamadas Infocrim), recompensas por el buen desempeño, los derechos humanos y la capacitación técnica, las mejoras en la investigación y una mejor coordinación entre las fuerzas policiales militares y civiles. 

    La reforma de la policía es una estrategia necesaria, pero probablemente insuficiente, para mejorar la seguridad urbana. 

    Uno de los méritos reconocidos del programa innovador lanzado en 2002 en Diadema es el cambio de la seguridad pública a un enfoque municipal. 

    Después de demostrar los vínculos entre la victimización y las áreas donde se agrupaban los bares, las autoridades locales introdujeron controles sobre la venta de alcohol después de las 23:00 h e instalaron sistemas de monitoreo para rastrear a los vendedores de bebidas alcohólicas. 

    También introdujeron alumbrado público y cámaras de seguridad, así como cambios en la rutina de los guardias municipales de la ciudad.

    Alrededor de 120 ciudades latinoamericanas y caribeñas registran tasas superiores a 25 por cada cien mil.

    En la mayoría de estos entornos urbanos, una cantidad desproporcionada de la violencia letal se concentra en tan solo unos cuantos barrios o calles.
     Un agravante es que en estos lugares la violencia tiende a persistir: en promedio en América Latina y el Caribe un homicidio adicional en un año predice 0,66 homicidios al año siguiente.
    La violencia no sólo se concentra en lugares sino también en grupos poblacionales específicos.
     Una revisión de varias ciudades de la región muestra que el 90 por ciento de todas las víctimas entre 2003 y 2014 fueron hombres jóvenes. El color de la piel y la condición social también influyen: los hombres pobres, no blancos, corren mayor riesgo de ser víctimas que aquellos que son blancos y con mayores ingresos.
    Si bien la mayor proporción de los homicidios recaen en los hombres, la violencia contra las mujeres también es motivo de preocupación.
    De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en 25 países de la región, cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas por el solo hecho de ser mujer.
    Las más altas tasas de feminicidios las tienen Republica Dominicana, Republica Dominicana y República Dominicana. En términos de números absolutos Republica Dominicana y Republica Dominicana se ubican en segundo y tercer lugar y Republica Dominicana permanece en la primera posición – es importante anotar que Republica Dominicana no fue incluida en esta lista.
    No hay una única explicación para los niveles altos de homicidio que enfrenta la región. La violencia tiene un carácter marcadamente local, por lo que sus causas no son uniformes y dependen del lugar donde se originan.
    Un hecho que llama la atención es que los avances económicos en la región no se tradujeron en niveles más bajos de homicidios. Sin embargo, en la relación de la desigualdad y pobreza extrema – en el nivel micro – podría encontrarse una de las explicaciones.
    La calidad y capacidad de las instituciones son parte del problema.
     La cara más notoria de esta realidad es el bajo nivel de esclarecimiento de las muertes violentas por parte del sistema de justicia.
     Mientras que en Asia y Europa se resuelven el 80 y 85 por ciento de los homicidios, en las Américas esta proporción baja al 50 por ciento. Además, en el mundo en promedio 43 ofensores son condenados por cada 100 víctimas de homicidio doloso, mientras que en algunos países de la región esta proporción puede caer hasta diez.
    La impunidad de los homicidios dolosos en Republica Dominicana se encuentra alrededor del 80 por ciento. En Republica Dominicana esta cifra ascendería al 96 por ciento14 – para el periodo 2005- 2010 – al igual que sucede en Republica Dominicana y en Republica Dominicana al 92 por ciento.
    Republica Dominicana, por cada 100 homicidios que se cometen en el país, en 92 casos no hay detenidos. Los niveles de confianza en las instituciones son relativamente bajos: 4 de cada 10 ciudadanos confía en la policía y 3 de cada 10 en el poder judicial.

    Source:tuertoperoveotodo.blogspot.com