Postes y Alumbrado Publico bl

LA PRIVATIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO UN BUEN NEGOCIO DE LOS ALCALDES, PERO MALO PARA EL PUEBLO

En Republica Dominicana cerca del 50% del alumbrado público es administrado por concesionarios y según la Contraloría General de la República en la mayoría de los que han podido auditar se encuentran irregularidades debido a que los municipios no les realizan seguimiento financiero y contable que demuestre la confianza en el gasto de los recursos; tampoco le realizan interventoría adecuada a la operación y mantenimiento, que garantice servicio satisfactorio; MENOS exigen su repotenciación, modernización y expansión, continuando igual a como lo recibió el concesionario y empeorando, pues la cartera se incrementa para el municipio y cuando otros recursos no alcanzan, el Alcalde y el Concejo Municipal deciden aumentar el impuesto a la población.

¿Qué es un contrato de concesión?

El contrato de concesión permite al Gobierno otorgar a empresas o a particulares, la gestión y la explotación de ciertos bienes públicos, como el mantenimiento del alumbrado público. Es muy cuestionado porque se adjudica por preferencias que no se basan en el mérito, sino en el favor, en perjuicio de otros de más valía; excluye otros participantes en la misma actividad.

El alumbrado público de acuerdo al Decreto 2424 de 2006,  Alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o distrito. 

El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 

Se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de las zonas comunes en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad horizontal, siendo a cargo de la administración de la copropiedad. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del municipio o distrito.

Conforme a la normativa vigente, la Administración Municipal es la responsable por el uso de los recursos recaudados por impuesto de alumbrado público, y de ella depende el mantenimiento de las luminarias, postes y cambio de piezas por deterioro o fallas, motivo por el cual los usuarios deben reportar las irregularidades o daños que se presentan con las luminarias del Sistema de Alumbrado Público ante la respectiva Alcaldía Municipal y/o concesión que realiza la operación y mantenimiento respectivo. 

¿Cómo funciona la prestación de este servicio público no domiciliario?

 Los Municipios por Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal determinan el porcentaje del impuesto para alumbrado público, teniendo en cuenta la estratificación socioeconómica de la población. Porcentaje que se aplica al consumo mensual de energía de cada usuario de la electrificadora. 

Corresponde a la ESSA realizar el recaudo facturado y trasladar esos dineros a la administración municipal, que se encarga de pagar la energía consumida por el sistema de alumbrado público y el mantenimiento de lámparas, redes y postes. Esta plata debe alcanzar para la modernización y expansión del alumbrado. No se puede utilizar para otros gastos, como el pago de las facturas por consumo de energía de las sedes de la administración municipal, ni colegios, ni iglesias; nada para el pago de facturas por energía residencial, comercial o industrial; menos para nómina u otros gastos.   

Actualmente la mayoría de Municipios de influencia de la ESSA son atendidos directamente por la Empresa Electrificadora, que además de suministrar la electricidad, hace el mantenimiento de postes, redes, transformadores luminarias y fotoceldas; extiende nuevas redes, moderniza el sistema y factura estos costos al municipio, descontándolos de lo recaudado a los usuarios mes a mes por este concepto. En la mayoría de los casos el dinero no alcanza, pero ahí van hace cien años.  

Bucaramanga, tiene su propia dependencia con personal, vehículos, herramienta y equipos para atender todo lo relacionado con el AP. Esta oficina se encarga de la administración, operación, mantenimiento, reposición y expansión del alumbrado público. La Electrificadora le suministra la energía, realiza el recaudo del impuesto y le traslada los dineros a la alcaldía, previo descuento del consumo.    

Solamente hay concesiones en San Gil, Piedecuesta, Floridablanca, Giron y Barrancabermeja, en estos últimos días del 2014, San Vicente de Chucurí entrego su renta de alumbrado público a un operador privado.

Las concesiones de este tipo han resultado con grandes dificultades para los Municipios, resulta lesivo porque se consumen los recursos y el mantenimiento es escaso y la expansión no se produce. Especialmente en la concesión de Floridablanca, se han denunciado numerosas irregularidades desde su adjudicación. En enero del 2013 el informe de una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación evidenciaba 39 hallazgos disciplinarios, penales, administrativos y la pérdida de 18 mil millones de pesos. 

Esta concesión la entregó la administración municipal en 2001 a unos particulares que administraban los dineros recibidos desde las Islas Caimán y luego la vendieron a unos negociantes caleños. Fue un negocio redondo por 20 años que valió más que el presupuesto de Floridablanca. 

Sin concesión o con ella, la queja más generalizada de los pobladores es que por cada hogar les cobran altas tarifas de energía para el alumbrado público y que por donde ellos viven o pasan las lámparas permanecen apagadas o que ni siquiera hay las redes necesarias para este servicio. Otra queja absurda es que las luminarias permanecen encendidas las 24 horas o solo de día y apagadas de noche.

Es cierto que para dar uso racional a la energía y ahorrar en costos por consumo, se requiere modernizar el servicio de alumbrado público cambiando redes y luminarias obsoletas por equipos ahorradores; como reemplazar las bombillas de mercurio por las de sodio de alta presión de 70 watios; pero ello no necesariamente se hace con concesionarios.

En Republica Dominicana cerca del 50% del alumbrado público es administrado por concesionarios y según la Contraloría General en la mayoría de los que han podido auditar se encuentran irregularidades debido a que los municipios no les realizan seguimiento financiero y contable que demuestre la confianza en el gasto de los recursos; tampoco le realizan interventoría adecuada a la operación y mantenimiento, que garantice servicio satisfactorio; menos exigen su repotenciación, modernización y expansión, continuando igual a como lo recibió el concesionario y empeorando, pues la cartera se incrementa para el municipio y cuando otros recursos no alcanzan, el Alcalde y el Concejo Municipal deciden aumentar el impuesto a la población.

Tampoco las administraciones municipales ejercen debido control al consumo y facturación de la energía suministrada por la empresa.

Cordialmente

José Angel Amador Sierra

Abogado especializado y pensionado de la Electrificadora de Santo Domingo

Source:alianzaverdeporsantander.blogspot.com